Columna Escenario
Rafael Victorio Ruíz
El pirataje en el transporte público no es nuevo. Muchos son los intereses y los involucrados, hasta los propios concesionados que ponen a operar unidades sin los permisos correspondientes y autoridades federales y estatales que los toleran. Es un asunto serio y de igual manera se tiene que atender, aunque ya se han inmiscuido hasta políticos y ese es un ingrediente más al conflicto.
En los últimos días en diversas regiones de la entidad se han dado movimientos que al parecer buscan desestabilizar y toman al "pirataje" como base, presumiéndose que detrás de ello hay intereses de grupos políticos del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, como el caso del ex secretario de Gobierno y de Transporte, Jorge Antonio Morales Messner, quien se ha rumorado que abandonó el país para "salvarse" de un posible arraigo.
En los municipios de Reforma, Ocosingo, Pichucalco, Frontera Comalapa, Motozintla, Mazatán, Comitán y Bochil, por mencionar algunos, se han dado ya manifestaciones de "inconformidades" para exigir regularizaciones que el ex funcionario habría comprometido antes de irse como candidato a Diputado local por el distrito de Yajalón, en donde perdió en forma estrepitosa, tanto que hasta el legislador perredista José Luis Abarca Cabrera, está involucrado, al igual que líderes de algunas organizaciones como el caso de Ramiro López Cruz, de la Sociedad de Transporte "Los Fronterizos"; Marco Antonio Galindo Rodas, del Frente de Transporte de la Sierra; Antonio Hernández Cruz, de la Organización Social ASSI; Wilmar Joachín, de la Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas. Ellos y otros más no sólo buscan detener los operativos instrumentados para combatir la ilegalidad de operación de decenas de unidades del transporte público en carreteras estatales y federales, sino también obtener concesiones y evitar que las investigaciones en contra del pablista Morales Messner sigan su marcha.
En el pasado reciente la problemática del "pirataje" no fue atendido por las autoridades correspondiente y de esa manera Chiapas, según algunas organizaciones del sector, se convirtió en la "cuna de piratas", solapado y propiciado por funcionarios públicos, tanto que se afirma que durante la administración de Pablo Salazar esa actividad creció desmesuradamente y cuando hace unos meses se empezó a poner orden vinieron las manifestaciones y presiones.
Los operativos efectuados por la Secretaría del Transporte apoyada por su similar de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva en las regiones Norte, Selva, Fronteriza y Sierra, en donde hay algunos "focos rojos" con el pirataje han permitido infraccionar a por lo menos mil 578 unidades y de ellas, 17 fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Eso da muestra de la magnitud del problema, pero también la decisión de emprender un programa de reordenamiento y regularización que incluya estudios socioeconómicos y de factibilidad que puedan determinar la procedencia de otorgar o no nuevas concesiones, pero solamente en donde sea viable.
En los municipios de Tuxtla Chico y Suchiate, por cierto, se regularizó la operación de los bici-taxistas con el otorgamiento de mil 252 permisos, pero en varios lugares más existe la misma exigencia, aunque también la queja de los taxistas -con vehículos- de que éstos hacen una competencia desleal. Lo cierto es que esa acción es benéfica tanto para los prestadores de servicio como para los ciudadanos, sobre todo en las poblaciones pequeñas, pero se requiere que exista una normatividad porque en poco tiempo habremos de tener también manifestaciones por la aparición de "moto-taxis" piratas.
Pero mientras tanto, las presiones políticas se siguen dando y no solamente para que Morales Messner sea "liberado" de todas las irregularidades cometidas a su paso por la Secretaría de Gobierno y de Transporte, sino que además lo premien con otro cargo público. ¿Lo lograrán los pablistas?
A escena
Las lluvias en la Sierra Madre chiapaneca están dejando severas afectaciones, corriéndose el riesgo de que municipios completos como El Porvenir, Siltepec, La Grandeza y Bejucal de Ocampo queden incomunicados porque la carretera que comunica a éstos con Motozintla y el resto del estado están a punto de colapsar, incluso en algunos tramos ya solamente queda un carril.
Esa zona fue una de las más afectadas durante el paso del huracán "Stan" y ahora los pronósticos son iguales o peores que en el 2005 cuando la tercera parte del estado resultó con afectaciones; lamentablemente los recursos destinados para la reconstrucción fueron desviados y se tendrán que enfrentar las consecuencias de la naturaleza, porque quienes se llevaron el dinero gozan de impunidad...
Que en el Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas a cargo de Jorge Humberto Yzar Domínguez, a todos los agentes les pidieron "cuotas" de ilegales detenidos, por lo que ahora constantemente se ven a los migras escondidos en caminos de extravío a la "caza" de centroamericanos.
Por cierto en Tapachula siguen apareciendo africanos, cubanos y de otras nacionalidades que deambulan con total tranquilidad por las calles al obtener un permiso especial de estancia y después de un tiempo, les otorgan un salvoconducto para viajar hasta la frontera norte y finalmente a los Estados Unidos. A raíz del asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas, ya se habla que rodarán cabezas en el INM, en donde la corrupción no termina...
El alcalde de Huixtla, Porfirio Lugardo López, anda todo preocupado porque sus cuentas públicas están de cabeza y en el pasado proceso electoral metió mucha paga oficial a diversos candidatos que no sabe como comprobar. Se habla de que ya envió varios "regalitos" a algunos funcionarios de alto nivel y a diputados locales para que le arreglen su asunto porque no quiere ir a parar a "El Amate"... ¿Quién será el alcalde costeño que no ha podido pagar más de millón y medio de pesos que pidió prestado a una agiotista que le cobra el diez por ciento mensual?... Hasta la próxima.
