Escenario
Rafael Victorio Ruíz
A pocos meses de que concluyan su administración, a muchos alcaldes no les cuadran las cuentas; varios de ellos no cumplen aún con la entrega de la información de los años 2008 y 2009, por tanto menos tendrán a tiempo la del 2010. Su situación es de alto riesgo de que al terminar tengan que huir o en su caso enfrentarse a las consecuencias jurídicas e incluso ir a una celda de "El Amate".
Apenas este miércoles el Congreso del Estado dio a conocer que los Ayuntamientos de Huixtla, Tuxtla Chico, Yajalón, Huixtán, Chalchihuitán, Chamula, Francisco León, Jitotol, La Independencia, Santiago El Pinar, Ocotepec, Pueblo Nuevo, Tapilula, Zinacantán, Chicoasén y El Porvenir, no entregan la Cuenta Pública 2009. Han ido de prórroga en prórroga, pero ni así. El plazo para ello venció desde el 31 de mayo pasado, por lo que quienes lo hacen después de esa fecha son extemporáneas y consecuentemente se podrían hacer acreedores a sanciones administrativas por parte del Órgano de Fiscalización del Estado al incumplir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El caso de Huixtla y Tuxtla Chico, Porfirio "Pilo" Lugardo López y Osvaldo García Solís, son notorios. Desde el inicio de sus administraciones la población de sus respectivos municipios los acusó de incurrir en irregularidades y actos de corrupción, en nepotismo y de múltiples arbitrariedades. Grupos de regidores incluso presentaron quejas y denuncias ante el OFS y el Congreso del Estado, pero pareciera que han sido protegidos por algunos diputados, entre ellos la presidenta de la Comisión de Hacienda, Ana Elisa López Coello, quien incluso se dice ha solicitado diversas cantidades de dinero a los ediles para "limpiarles" sus cuentas.
En las mismas condiciones están los ediles de Huehuetán, Renán Galán Gómez y de Mazatán, Carlos de la Cruz Alsur, quienes tienen en su haber otros delitos, entre ellas lesiones calificadas por el ataque armado a un joven estudiante y homicidio en tránsito de vehículos. El primero de ellos enfrenta también procesos jurídicos por parte de la Procuraduría General de la República por el robo de varios kilómetros de rieles del ferrocarril, en cuyas acciones participó también su esposa, Blanca Nelly Marroquín, a quien pretendió imponer como su sucesora para tapar todas las trapacerías que ha hecho al frente de la alcaldía, pero no lo logró y ahora busca a toda costa hacerla por lo menos regidora plurinominal.
El enriquecimiento ilícito es tal que esos alcaldes -Huixtla, Tuxtla Chico, Huehuetán y Mazatán- han adquirido propiedades diversas -casas y ranchos-, ganado y vehículos de lujo, además que aprovechándose de contar con los recursos públicos han enviado de paseo a sus familiares con gasto al erario de sus respectivos municipios, mientras que las comunidades rurales y hasta las zonas urbanas permanecen en el total abandono, sin obras públicas significativas y las que se han hecho, son con recursos provenientes del Gobierno del estado.
Lo dado a conocer por el Congreso del Estado de los 16 ediles que no cumplen con la entrega de la Cuenta Pública 2009 puede ser motivo para que les practiquen auditorías, pero éstas deberán ser bien ejecutadas, porque quienes las hacen generalmente regresan a Tuxtla Gutiérrez locos de contentos y solamente hacen las recomendaciones para que "corrijan" los alcaldes y sus tesoreros las "inconsistencias", cuando son grandes agujeros en las cuentas que nunca les van a cuadrar.
Así que no solamente los 16 que no han presentado sus cuentas públicas pueden ir a parar a la cárcel, sino muchos más. Les quedan menos de cinco meses para ponerse al corriente de todo si no quieren sufrir las consecuencias a partir del 1 de enero del 2011, cuando ya ni siquiera puedan poner un pie en los palacios municipales y menos en las oficinas de las tesorerías.
A escena
Algunos políticos tienen cara dura y se aprovechan de las "lagunas" que tiene la ley para su beneficio propio. Decimos lo anterior por lo que está pasando con quienes ocupaban algún cargo de elección popular y fueron en busca de otro en las pasadas elecciones. David Aguilar Solís y Martha Grajales Burguete, de diputados locales ahora son alcalde y síndico municipal electos de Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, mientras que Samuel Alexis Chacón Morales, de regidor del Ayuntamiento de Tapachula es legislador local electo. En el caso de David Aguilar a los pocos días de los comicios solicitó su reincorporación al Congreso del Estado e igual lo hizo Martha Grajales, pero como consecuencia de ello hubo una serie de protestas ciudadanas, no por el hecho de que violaran la ley sino porque demostraban que solamente querían seguir en la mamazón. El legislador tonalteco ante las presiones finalmente decidió pedir licencia definitiva, pero en el caso de la diputada se fue a los tribunales que le dieron el veredicto a favor y de esa manera seguirá hasta el 15 de noviembre cuando entre en función la nueva Legislatura.
En esta semana, Samuel Chacón solicitó al Ayuntamiento de Tapachula volver al cargo de Regidor que ostentaba antes de la campaña y ello también ha causado malestar entre los ciudadanos de esa ciudad costeña que lo califican de chambista y de regresar a la comuna solamente para cobrar el poco tiempo que le queda porque como diputado local tendrá que tomar posesión el 15 de noviembre. Es lamentable que los políticos asuman este tipo de actitudes...
El problema de las inundaciones en Tuxtla Gutiérrez fueron más graves de lo que aparentan. Circulan en las redes del ciberespacio diversas series de fotografías de lo ocurrido y los comentarios de la falta de capacidad de las autoridades de Protección Civil para prevenir a la población y se preguntan ¿hay realmente acciones de prevención en Chiapas?... En la UNACH las cosas se ponen de cabeza a pocos meses de que el rector Ángel René Estrada Arévalo entregue el cargo y pretende dejar a su sucesor, pero ya logró poner a todos los catedráticos en su contra... Hasta la próxima.
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